Por Eliécer Cárdenas
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Lo más sorprendente e indignante es que aquel juicio, que un juez con experiencia y desapegado de favoritismos o amistades o enemistades, lo hubiera declarado improcedente y digno de archivarse, haya merecido una sentencia que obviamente los afectados de tamaña barbaridad jurídica han apelado, a la espera de que la Justicia en el Azuay, que ha merecido siempre elogiosos comentarios por su verticalidad, haga honor a ese prestigio volviendo por los fueros de la decencia y del sentido común
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Conocí a Rolando Tello Espinoza en sus años universitarios, cuando muy joven aún, ya ejercía vocacional y apasionadamente el periodismo radial y escrito. Más adelante, compartimos juntos la aventura periodística de fundar el Semanario AVANCE que luego por su iniciativa y pasión infatigable por la profesión de comunicador, se convirtió en revista mensual, en la cual continúo colaborando.
Por conocerle tanto, me sorprendió e indignó el juicio por injurias entablado en su contra y en contra de su esposa y de varios vecinos y vecinas del barrio cuencano donde vive desde hace muchos años, por el “delito” de haber solicitado al Alcalde de la ciudad que indague acerca de la propiedad de un terreno que figuraba y figura en los planos de Cuenca como “espacio verde” y por lo tanto terreno municipal. Esta solicitud de información, que puede hacerla cualquier ciudadano en goce de sus derechos legales y constitucionales, ha dado origen a una triquiñuela jurídica, a pretexto de ciertas palabras que, sacadas de su contexto, son para el querellante un conjunto de injurias.
Lo más sorprendente e indignante es que aquel juicio, que un juez con experiencia y desapegado de favoritismos o amistades o enemistades, lo hubiera declarado improcedente y digno de archivarse, haya merecido una sentencia que obviamente los afectados de tamaña barbaridad jurídica han apelado, a la espera de que la Justicia en el Azuay, que ha merecido siempre elogiosos comentarios por su verticalidad, haga honor a ese prestigio volviendo por
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los fueros de la decencia y del sentido común, porque el verdadero “delito” que se busca sancionar es la simple pregunta de los vecinos del sector formulada a la Autoridad Municipal –que dicho sea de paso aún no se pronuncia- a pesar de haber transcurrido varios meses de la solicitud firmada por los vecinos- para que diga lo sucedido con un terreno que figuraba como “espacio verde”. Si se lo cedió a alguien, quizá al antiguo propietario que según el historial del terreno, cedió sus derechos para una urbanización. Esta respuesta es cuanto se ha pedido y espera.
Lamentablemente, la criminalización de cualquier reclamo, por elemental que sea, hoy parece tener como respuesta única el enjuiciamiento, al aparecer con la condición supuesta de agraviados quienes ni más ni menos deben explicar a los vecinos la manera –se supone que limpia y perfectamente legal y lícita- como adquirieron ese terreno, dividido en una porción para el Colegio de Periodistas del Azuay –cuyos directivos tampoco se han pronunciado en este asunto- y otra parte a un ciudadano que fuera directivo del citado Colegio profesional. ¿Puede existir injuria, envidia o malicia perversa, como señaló el abogado del supuesto agraviado, en esta solicitud de transparencia?
Esperamos que la verdad salga a flote en este penoso caso que afecta a un amigo, un periodista, y un conjunto de vecinos que, sin saberlo, fueron pasibles de un delito de injuria que hoy se ventila en las cortes de justicia.
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N del D: El Director de AVANCE agradece la solidaridad del compañero, amigo y valioso literato Eliécer Cárdenas, cuyos criterios sobre el enojoso proceso deberán valorar los juzgadores del caso elevado a instancias superiores, donde la Justicia brillará en forma independiente, sobre las mezquinas presiones y pasiones que al parecer determinaron la sentencia a la que él se refiere. Agradece también a otros periodistas y gente de cultura –Manuel Neira, Eugenio Lloret, Catalina Sojos- que a través de artículos de opinión en otros medios, se pronunciaron espontáneamente contra la írrita y absurda sentencia emitida en contra de un grupo de profesionales, educadores, amas de casa y ciudadanos honrados que no habían hecho sino uso del derecho y la obligación constitucional de pedir la investigación de un acto bajo sospecha de ser fraudulento.
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