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La Ley de Educación Superior se ha vuelto debate callejero –con marchas y acciones con vocación de violencia-, luego que no fue tratada en el escenario donde debía debatírsela: la Asamblea.
El Ejecutivo impuso una dudosa mayoría leal en la Asamblea, pero es poco democrático que norma alguna adquiera vigencia por el ministerio de la ley. Por ello, sobre la vigencia o no de esa ley, urge seguir su análisis en los espacios constitucionales que son permanentes, hasta lograr una Ley apropiada al sistema universitario y al país.
Que fue un estado aparte; que hubo abusos de la autonomía; que los niveles académicos registran estadísticas internacionales deplorables; que los gremios estudiantiles se han extralimitado, son fallas que han de enmendarse, pero no se puede ignorar el rol cumplido por la Universidad en la realidad y la historia del país.
El punto “irreconciliable” centra en el Ejecutivo la rectoría de la política educativa y bien merece analizárselo a profundidad, con una visión proyectada más allá de la transitoriedad de un gobierno y la necesidad de que la Universidad mantenga una relación racional con el Estado.
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