La Asamblea Legislativa tambalea en un horizonte sin norte que le impide cumplir las tareas de legislar y fiscalizar que le son inherentes, irrenunciables y obligatorias. Las leyes de Aguas, de Universidades y de Comunicación se han entrampado y los prolongados debates en su torno parecen conducirlas a una costosa pérdida de tiempo, como aquel fallido proyecto de enjuiciamiento al Ministro Fiscal.

Es doloroso que eso ocurra, precisamente, cuando la propaganda sobre cambios de época y del curso de la historia parecía anunciar la posibilidad de que tan alta instancia de poder se diferenciaría de los congresos que le antecedieron.

El tema de la comunicación, que ha desatado una polémica sobredimensionada por las empresas de comunicación más influyentes por su antiguo poder político y económico y sus conspicuos defensores, curiosamente es extraño al gran público y bastante ajeno a los "obreros" de los medios, los periodistas que cumplen día a día la misión de informar sobre la realidad del país y del mundo.

Conviene que la Asamblea, el Ejecutivo, las Universidades, las empresas periodísticas y los periodistas den aportes sinceros para sacar del empantamiento la Ley de Comunicación, empezando por reconocer si se quiere que esa ley sea democrática y defienda la libertad de expresión, al margen de palabrerías heroicas de quienes dicen estar dispuestos a "dar la vida por el derecho a expresarse" y lo que hacen es defender hasta la muerte sus intereses.