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El perdón judicial mejoró la imagen nebulosa del mandatario que acompañó al Presidente Durán. Festeja feliz con familiares y amigos. |
¿Jurídica o políticamente inocente? Es la interrogante de los ecuatorianos, a quienes conviene refrescar la memoria de los hechos para ayudarlos a encontrar una respuesta.
José Iturralde Arteaga, Director General de Bancos y Superintendente de Bancos encargado, en septiembre de 1995, cuando surgió el escándalo, da luces en las penumbras dentro las cuales se escondieron hechos, documentos y microfilmes relacionados con el manejo sospechoso de dineros públicos que se aproximarían a 20 mil millones de sucres.
Testigo de Cargo. Crónica de Traiciones, es el título del testimonio que Iturralde publicó en el libro Ecuador, memoria política del Siglo XX, aparecido en mayo de 2003. Esa es la fuente del policíaco recuento que viene a continuación.
Los principales personajes son el Presidente Durán Ballén, el Vicepresidente Dahik, el Contralor Juan Carlos Faidutti, el Superintendente de Bancos Ricardo Muñoz Chávez, su subrogante José Iturralde, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Solórzano Constantine, la Presidenta de la Junta Monetaria Ana Lucía Armijos; personajes secundarios son el Presidente del Congreso Fabián Alarcón, varios obispos, comandantes de las Fuerzas Armadas, funcionarios de la Vicepresidencia, entre ellos Gladys Isabel Merchán y Mario Crespo, dueños de las cuentas bancarias investigadas para determinar el destino de los “fondos reservados”.
El 17 de agosto de 1995 el Vicepresidente Dahik pide que el Contralor Faidutti oficie al Superintendente de Bancos para que la información “sobre cuentas bancarias de funcionarios de la vicepresidencia de la República sea inmediatamente remitida a la Contraloría por parte del Banco del Pacífico” y que “los estados de cuenta y movimientos de esas cuentas sean revisados por el personal de la Contraloría”. (¿Se quería desaparecer esos documentos?)
El Subcontralor Francisco Costales, el 21 de agosto, oficia al Superintendente Muñoz Chávez pidiéndole tramitar la petición del Vicepresidente para que el Banco del Pacífico entregue a Contraloría los microfilmes de estados de cuentas, notas de depósito, créditos y débitos de cheques girados contra las cuentas 2598377 y 2598361.
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Artículo sobre el tema de los gastos reservados escrito por José Iturralde en el libro “Ecuador, memoria política del Siglo XX” |
El Superintendente Ricardo Muñoz al otro día responde que “como en dichos rollos de microfilmes consta información de otras cuentas que no competen al conocimiento de la Contraloría y no es posible efectuar cortes o mutilaciones, éstos están a disposición del Contralor en esta Superintendencia en todo momento”. Pero el 25 de agosto le dice al Contralor que como los microfilmes “se encuentran para mayor seguridad en las bóvedas del Banco Central, convendría establecer el procedimiento para la clasificación de los documentos reservados y luego devolverlos al Banco del Pacífico”.
La Contraloría y la Superintendencia designan a los técnicos Ernesto Grijalva y Jorge Molina para seleccionar los documentos, pero ni el delegado de Contraloría ni el Subcontralor concurren a los procedimientos para la apertura de la bóveda del Banco Central y más bien, el 12 de septiembre el Subcontralor considera ilegal la participación de su entidad en el examen de los microfilmes, pues es atribución de la Superintendencia de Bancos.
El Presidente de la Suprema, Héctor Solórzano, insiste al Superintendente de Bancos para que le remita los movimientos de las cuentas corrientes aludidas, que el Contralor Faidutti se negaba a recibirlas. El Superintendente encargado, José Iturralde, concurrió el 25 y el 26 de septiembre con ese fin, pero “sin fundamento legal el Contralor ni me recibió ni recibió la documentación que en atención a su expreso pedido se le iba a entregar”, dice su testimonio.
Iturralde era partidario de entregar los documentos al Presidente de la Suprema acatando su dictamen y así le planteó al titular Ricardo Muñoz Chávez. La respuesta de éste fue: “te pido como amigo de muchos años que no me presiones más sobre la entrega de la información al Presidente de la Corte Suprema. Le he ofrecido al Presidente Durán Ballén no hacerlo”.
Entonces Iturralde le respondió: “Ya no te presionaré, pero recuerda que serás enjuiciado e incluso puede ordenarse tu prisión”, lo que ocurrió cuando el Presidente de la Corte el 26 de septiembre acusó a Muñoz Chávez de eludir las disposiciones “a pesar de la reiterada conminatoria para que preste su colaboración oportuna a la administración de justicia. Que la actitud renuente del doctor Muñoz, además de embarazar el desarrollo de la etapa procesal del sumario, tiende a distorsionar su esencial objeto, pretendiendo sorprender al juez con argumentaciones de aparente especificidad, está coadyuvando en suma, a la ejecución de las infracciones materia del enjuiciamiento…”. Por ello, existiendo “graves indicios de responsabilidad se hace extensivo el auto de cabeza de proceso y el sumario al doctor Ricardo Muñoz Chávez, con orden de prisión preventiva”.
Ese mismo día el Superintendente Muñoz renuncia y viaja a Cuenca, donde se interna en el hospital Santa Ana por una alta presión arterial. Allí permanecerá varios días, hasta que recibe el alta cuando se decreta la libertad con gestiones del Subcontralor que consigue la revocatoria gracias a “documentación última recibida de la Superintendencia de Bancos”.
Pero surge la desconfianza de Muñoz hacia el Superintendente encargado. Al parecer presumía que había pactado con León Febres Cordero para entregar las claves y llave de la bóveda del Banco Central, a cambio de su prisión. Esta versión negó Febres Cordero a Iturralde, certificando que “En mi calidad de ex Presidente de la República y actual Alcalde de Guayaquil, no he tenido contacto personal alguno con ninguna de las autoridades involucradas en el manejo de los microfilmes y documentos del movimiento de gastos reservados. Igualmente contigo no he tratado el asunto, ni personalmente ni por intermedio de terceros”.
Semanas después, el 8 de noviembre, Muñoz Chávez escribe al Superintendente encargado: “Yo deploro inmensamente que se haya tomado tu nombre para realizar una indignidad y una canallada…” No obstante, Febres Cordero estaba enterado de algo oscuro y el propio Iturralde anota en su testimonio: “El ingeniero León Febres Cordero me llamó al teléfono y me hizo confidente de un grave hecho que lo conservaré en mi fuero interno, pero que el doctor Ricardo Muñoz Chávez sabe y conoce perfectamente de qué se trata, pues incluso, por intermedio del licenciado Pablo Luna distinguido funcionario de la Superintendencia de Bancos y caballero a carta cabal, se realizó una gestión en el Banco del Pacífico que corrigió tan grave anomalía”.
Al Superintendente Iturralde le correspondería, a partir de la renuncia de Ricardo Muñoz, afrontar lo peor del manejo del conflicto sobre los “gastos reservados”. El mismo día en que renuncia Muñoz, el Ministro de Industrias José Vicente Maldonado le visita para invitarle a nombre del Presidente Durán Ballén a una reunión en Palacio a las 9:30 al otro día. El propio Ministro pasó para llevarle y allí estaban con el Presidente el ministro de Gobierno Abraham Romero; el ex Ministro de Finanzas Mauricio Pinto y el Secretario de la Administración Carlos Larreátegui.
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El presidente Durán expidió un decreto reservado que impidió el acceso a las bóvedas del Banco Central para conocer los gastos. |
“El Presidente Durán Ballén, sin preámbulo alguno, como una cosa previamente acordada entre él y el grupo me manifestó que yo debía viajar por dos o tres días a Caracas y que oficialmente se informaría que mi viaje se debe a la necesidad de gestionar en la CAF préstamos de interés para el Gobierno… “. Tras la sorpresa, su respuesta fue: “Con toda consideración, Sixto, considero que esta propuesta es totalmente improcedente y desde todo punto de vista absurda. Yo no evitaré el cumplimiento de la Ley ante la insistencia del señor Presidente de la Corte Suprema para la entrega de las claves y la llave de la bóveda del Banco Central, Sixto, yo entregaré esas claves…”., añadiendo que más bien le sorprendía que no haya obligado al Contralor a recibir la información por él solicitada.
La réplica de Durán le sorprendió más: “No se lo había hecho, por el temor de que el Contralor renuncie”. En su testimonio Iturralde dejó escrito: “He ahí de cuerpo entero la figura moral de ese Jefe de Estado. Por un lado temía que al exigirle al Contralor que cumpla con la ley y con su propio y expreso pedido, le renuncie y, por otro, se le quería usar dolosamente y engañando al país al Superintendente de Bancos subrogante enviándole a Caracas, usando de esta forma los lasos de una vieja y, de mi parte, desinteresada y sincera amistad!”.
Entonces vendría lo peor de lo peor de la presión al Superintendente par a que no entregara a la Corte las claves de la bóveda del Banco Central. El Presidente de la Corte había anunciado que el 28 de septiembre, a las 3 de la tarde, concurriría a recibirlas de manos del Superintendente de Bancos.
Entonces se le exigió a Iturralde que a esa hora concurriera a la Presidencia de la República, pero él ignoró los llamados y desde la Secretaría de la Administración “se llegó a amenazar a mi secretaria con la cancelación si no se le indicaba en donde me encontraba; igual presión telefónica primero y luego con envío a mi despacho de personal de seguridad, ejercía la Presidenta de la Junta Monetaria economista Ana Lucía Armijos. Ella telefónicamente en tono imperante me pidió que no entregue nada al Presidente de la Corte Suprema y le manifesté en igual forma que ella mandaba en la Junta Monetaria y que yo mandaba en la Superintendencia de Bancos”.
Armijos envió luego al Secretario de la Junta Monetaria, Gonzalo Zambrano, para “tan peregrina misión, a quien le hice presente que era la persona menos llamada a hacerme tal planteamiento, pues cuando ejerció él las funciones de Presidente de la Corte Suprema, el Tribunal en pleno dictó una resolución con fuerza de Ley, que obliga al Superintendente de Bancos a entregar la información que le solicite la Corte o el Juez... No quiero dejar sentada la respuesta del doctor Zambrano a mi señalamiento”. (¡Qué sería!)
Acosado por la irrupción de guardaespaldas y personal de seguridad de la Junta Monetaria, el Superintendente se refugió en el piso 12 del edificio y dispuso que ingresara el Presidente de la Suprema por una puerta trasera, “evitando así que sea detenido por esa guardia de seguridad de la Junta Monetaria o vejado de alguna manera”.
Posteriormente, cuando el Presidente de la Corte y el Superintendente fueron a cumplir la diligencia en la bóveda del Banco Central, “no se nos permitió el ingreso aduciendo que por el momento no había autoridad alguna en el banco que pueda autorizarlo, el gerente general había sido obligado a ir a la Presidencia de la República”.
Al fin, tras la entrega de las llaves y claves, el Superintendente acudió a la Presidencia de la República, donde el mandatario estaba con los ministros de Gobierno y Defensa, el Secretario de la Administración, los comandantes generales del Ejército Paco Moncayo, Marina vicealmirante Donoso y Aviación general Martínez de la Vega; los obispos Arregui, Vela, Cisneros y Ruiz Navas; el Contralor Faidutti, el Presidente del Congreso Fabián Alarcón y el Presidente de la Corte Suprema. El Presidente del Congreso abandonó el recinto tras una exposición del Presidente Durán Ballén, manifestando “que nada tenía que hacer en esta reunión”.
“El Contralor tuvo una intervención nada feliz, en términos poco comedidos pretendió restar toda autoridad al Presidente de la Corte Suprema, quien reaccionó enérgicamente señalando que había aceptado esa invitación de la Presidencia en el convencimiento de que se trataría el asunto en forma y términos de respeto y de total apego a la ley, que al no ser este el ambiente él se retiraba y que no asistiría a ninguna otra reunión que sea invitado”.
Con el abandono del Presidente de la Corte, la reunión terminó, y el Presidente Durán invitó a los presentes a una desayuno al otro día, donde se trató sobre la necesidad de que el Vicepresidente Alberto Dahik presentara la renuncia, en lo que coincidían todos los civiles, religiosos y militares presentes, quienes al despedirse dijeron que no asistirían a ninguna otra reunión sobre el tema.
El Presidente Durán hizo una propuesta que dejó perplejos a los asistentes: “En tono suplicante pidió al Obispo Arregui sea él quien le solicite la renuncia al economista Dahik”, a quien se había invitado al recinto y escuchó el pedido del prelado. “El economista Dahik reiteraba que renunciaría siempre que se le garantizara que no se entregaría a la Corte Suprema el detalle de los gastos reservados y lloraba constantemente mientras hacía su exposición”, dice en su testimonio el entonces Superintendente de Bancos.
El 10 de octubre de 1995 el Presidente de la Corte Suprema Carlos Solórzano y el Superintendente de Bancos José Iturralde fueron a inspeccionar la bóveda del Banco Central, pero se los impidió hacerlo: Arturo Donoso, abogado de la Presidencia, entregó al Presidente de la Corte el Decreto reservado por el cual el Presidente Sixto Durán se declaraba custodio de los microfilmes.
El 11 de octubre el Presidente de la Corte Suprema ordenó la prisión de Dahik, pero él ya había fugado a Costa Rica, a donde fue calificándose de perseguido político, piloteando él mismo una avioneta, pues en su currículo constaba que era un experto de alto vuelo. Anulado el juicio que duró 16 años, ahora Dahik goza de libertad. En la fila de ser inocentes están los ex Presidentes Jamil Mahuad y Abdalá Bucaram, que exigen trato justo, de “igualdad ante la Ley…”
