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Edificio principal de la sede zonal del Gobierno |
El litigio judicial por el predio de 13 hectáreas expropiado en 1975 por el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara para donarlo al Centro de Reconversión Económica
(CREA), parece próximo a terminar su larga historia: la Corte Constitucional dictó sentencia favorable para que pase a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades)
La familia Barrera Vélez, que recibió 4.6 millones de sucres por la declaratoria de uso público del terreno, mantuvo una litis desde 1985, cuando reclamó la devolución porque no se había cumplido el objetivo de la donación: construir edificios administrativos e instalar allí locales artesanales. Más bien entonces estaba allí una plaza de toros.
La demanda de los ex propietarios, tramitada por el juez Guillermo Yánez, fue desechada, pero vinieron luego más procesos jurídicos, auspiciados por Jacinto Velásquez, un abogado guayaquileño que en 2006 fue candidato presidencial.
El bien, en la avenida México, entre Unidad Nacional y Américas, al tiempo de la expropiación estaba fuera del perímetro urbano, pero ahora se ubica en una de las zonas más dinámicas al sur occidente de Cuenca. Al dolarizarse en 2000 la moneda nacional, el valor que recibieron los propietarios originales equivalía a 180 dólares, cuando ya la cotización del terreno era de 13 millones.
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Ilustraciones que muestran cómo quedarán los interiores remodelados para 30 oficinas públicas del austro |
Esta diferencia económica impulsó con más insistencia la reclamación. La Sala de lo Civil de la Corte de Cuenca, en un lapsus calami, declaró con lugar la demanda de la familia Barrera, pero al otro día la rectificó, apuntando Sin en lugar de CON, lo que creó más incidentes jurídicos. El proceso pasó a manos del juez Jesús Tenesaca, que no consideró la rectificación aludida y declaró CON lugar la demanda de los Barrera. A poco, el personero judicial fue destituido del cargo.
El 1 de diciembre de 2011 la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, sentenció otra vez a favor de los demandantes y dispuso la devolución del predio del ex CREA, ya en poder de la SENPLADES, cuya titular regional, María Caridad Vásquez, interpuso de inmediato acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, aduciendo que los jueces no obraron en Derecho sino “ante presiones e intereses particulares”.
La publicitada medida fue anunciada con un plantón de autoridades del Azuay y del austro, junto con funcionarios de las oficinas que ocupan las antiguas instalaciones del CREA.
 La acción de protección planteada determinó que el 26 de julio la Corte Constitucional sentenciara en contra de la resolución del 1 de diciembre del año pasado, emitida por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia. Todo un embrollo jurídico. El fundamento de SENPLADES es que aquella resolución vulnera derechos constitucionales del debido proceso por la falta de motivación, la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.
Ahora la SENPLADES a través de sus autoridades y con el apoyo de las de Cuenca, del Azuay y la región, tiene el convencimiento de que el largo conflicto ha llegado a término, a menos que los demandantes acudan a cortes internacionales, lo que sería posible, al hallarse en juego millonarios intereses económicos.
El Alcalde Paúl Granda, que celebró la recuperación del bien público y ratificó la obligación de los personeros de la ciudad de no permitir el usufructo de bienes públicos por particulares, anunció que inmediatamente la Municipalidad ocupará parte del predio para instalar un patio de talleres para el proyecto de tranvía en el que está empeñado.
Del predio 64.169,70 metros corresponden al Gobierno Regional, con 12.291 metros construidos, cuyo valor está fijado en 8´220.595,32 dólares; 46.277 metros con 980 metros construidos, corresponden a la Corporación Austral de Exhibiciones Compañía de Economía Mixta (CADECEM), por 4´873.298,33 dólares. El valor total es de 13´093.893,65 dólares.
Según la SENPLADES la sede del Gobierno Zonal en las antiguas instalaciones del CREA acogerá a 30 entidades desconcentradas del gobierno, con 461 funcionaros públicos, para atender a 850 usuarios diarios. Su funcionamiento producirá ahorros de 522 mil dólares anuales por arrendamiento de oficinas; 106.335 dólares por estacionamientos (hay 960 plazas) y 38.250 dólares por gastos de movilización.
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