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El Ecuador inició el siglo XXI con inestabilidades políticas y administrativas – derrocamientos, interinazgos- que contrastaron con el predominio del socialismo del siglo XX cuyo protagonista fue Rafael Correa con una década en el poder hasta 2017: una experiencia con grandes obras públicas –sobrevaloradas y con más que sospechas- y presión sobre todas las funciones del Estado.

El gobierno que termina empezó correísta y termina anticorreísta, como una transición entre aquella condición que le llevó al poder y lo que se ha presentado ahora: el triunfo de un candidato que no representa una posición ideológica del electorado, sino la aspiración de superar la intriga, la división, la intolerancia, como normas de conducta oficial.

El mensaje del presidente electo fue conciliador, prudente, la noche del triunfo electoral. Lastimosamente, el tema de la corrupción no fue tocado, ni algún indicio sobre el retorno de los corruptos sentenciados, presos o prófugos, ni tampoco la recuperación de los recursos públicos salidos de sobornos y asociaciones ilícitas, inclusive en tiempos recientes, como en el IESS, en los negocios escandalosos de medicinas contra la pandemia y hasta en fundas para cadáveres.

Muy bien que el próximo mandatario quiera imprimir un ambiente de armonía entre los ecuatorianos. Pero habría que recordarle que el pueblo no aceptará que el perdón y el olvido sean normas de comportamiento. Tampoco, que el centralismo siga con menosprecio, segregación e injusticia hacia regiones y provincias que claman por trato igualitario. Tampoco podría el nuevo gobierno desentenderse de la significativa presencia de votos nulos en las urnas, voces que llaman la atención, que protestan, que denuncian y exigen.




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