El incendio de la Contraloría sería intencional, desde dentro, para extinguir documentos comprometedores

Como los delincuentes de alta peligrosidad que desde las prisiones de máxima seguridad dirigen redes criminales, burócratas de alta investidura en la Presidencia de la República, el Ministerio de Energía y la Contraloría, perpetraron, en libertad, robos millonarios de fondos públicos

El suicidio del sindicado ex secretario de la Presidencia, José Agusto Briones, en víspera del cambio presidencial, sepultó información valiosa para la Justicia, pero otros cabecillas de la asociación guardan prisión, entre ellos uno increíble: el Contralor Pablo Celi, guardián de la honradez de la República. Y con él Adolfo Agusto Briones, hermano del fallecido, y Raúl de la Torre, sobrino del Contralor, entre otros socios.

De la Torre, funcionario de Petroecuador hasta su captura en Miami en julio de 2019 con 250 mil dólares, se declaró en la corte de Estados Unidos culpable de lavado de activos. “Entre 2018 y junio de 2019, el acusado, que entonces trabajaba como funcionario de Petroecuador, conspiró con otros funcionarios de Petroecuador y del Gobierno del Ecuador y con ciertas personas en un esquema, para recibir millones de dólares en sobornos a cambio de usar su función para permitir a una compañía obtener y mantener contratos y pagos contractuales de Petroecuador”, dice un documento. La Fiscal ecuatoriana Diana Salazar, con la información que recibió de EE.UU, prosiguió las investigaciones, para ordenar allanamientos domiciliarios y la detención del Contralor Celi, de José Agusto y otros, el 13 de abril de 2021.

¿De dónde salieron los 250 mil dólares con los que detuvieron al sobrino del Contralor?. El 12 de junio de 2019 él se reunió con José de la Paz, de la empresa Nolimit, con Ángelo Rodríguez (hombre de confianza de los hermanos Agusto) y su financiero personal de nombre Mariano, para ver cómo enviar coimas de un millón y medio de dólares supuestamente a los hermanos José y Alfredo Agusto Briones. La tensa sesión la filmó De la Torre y es parte del proceso en Estados Unidos y ahora de la Fiscalía del Ecuador.

Mariano sugirió simular la venta de un terreno en Puerto Rico, donde no quedan registros digitales: “Allá es a la antigua: en la oficina, con papeles, una libreta. Una cosa espectacular…” Y Rodríguez dejó la sesión para consultar a los hermanos Agusto –seguramente por teléfono- y el acuerdo final fue entregar 200 mil dólares de inmediato, mientras se simulaba el negocio del terreno del millón. Dos días después, De la Torre fue detenido en el aeropuerto de Miami por no justificar los dólares, en presencia de Ángelo Rodríguez.

Hay grabadas anteriores discusiones por la mora en los pagos de la compañía Nolimit que de 2012 a 2017 recibió 121 millones de dólares en contratos de Petroecuador, para suministrar bombas y mantenimiento para las refinerías de Esmeraldas y La Libertad. De la Torre hablaba de la molestia de José Agusto por ello y había dicho al representante de Nolimit: “No estoy hablando con el conserje de la Presidencia, huevón; estoy hablando, puta, en papeles, con la tercera máxima autoridad del país”, en clara alusión al Secretario de la Presidencia. En la reunión del 12 de junio mostró la captura de pantalla de un mensaje de Augusto: “Estimado Raúl, espero que el día de mañana cumplan ya que no quiero actuar de una manera inapropiada, a la que aquellos se han hecho acreedora por su falta de palabra”. De la Paz reaccionó irritado: “¿Qué va a pasar si hoy día no le transfiero los millón y medio? ¿Va a actuar de manera inapropiada? Esto es extorsión y así lo voy a tomar y no voy a permitir amenazas”, irónica alusión a valores éticos en la delincuencia organizada.

El petróleo, principal fuente económica ecuatoriana desde hace medio siglo, ha sido foco de corrupción e ilícitos enriquecimientos. Catorce casos recientes juzgados en los Estados Unidos sobre sobornos confesados, dan cuenta de sobornos a funcionarios de Petroecuador en dos grupos de ilicitudes: en obras de infraestructura de Petroecuador en las refinerías de Esmeraldas y del Pacífico, con coimas por 15 millones de dólares y en la compraventa de crudo y derivados, con sobornos por 29.9 millones. El empresario Raymond Kohut, de Gunvor, confesó el pasado 6 de abril que pagó 22 millones de dólares para acceder a preventa de crudo de Petroecuador a empresas asiáticas.

Una estructura de prácticas corruptas permitió a altos funcionarios, en complicidad con empresas intermediarias en negocios petroleros, obtener recursos millonarios. Hay pruebas de la participación del Contralor Pablo Celi, como la versión de Luis Miño, director de responsabilidades, ante el fiscal Homero Cepeda: Una empresa sobornó con 13 millones de dólares en septiembre de 2018 para desvanecer cuatro glosas “por disposición directa y verbal del contralor Pablo Celi”. Él era secretario de Contraloría y Celi le encargó la función de subcontralor para desvanecer glosas bajo amenazas de destitución o sumarios administrativos. También declaró que desde que Celi estaba al frente de la Contraloría, al menos quince veces ordenó desvanecer glosas de diversas compañías, especialmente relacionadas con telecomunicaciones.

Para no suscribir el desvanecimiento Celi iba en comisión al exterior, como en septiembre de 1918. Su abogado, Jorge Luis Ortega, lo defiende aduciendo que otros funcionarios eliminaron las glosas, porque Celi estaba en comisión. Una coordinación burocrática facilitaba los ilícitos. Los diálogos grabados en E. Unidos muestran el poder de José Agusto, secretario de la Presidencia, para ubicar personas claves en responsabilidades del negocios petrolero o de asesores ministeriales en Petroecuador. Raúl de la Torre, nombrado asesor petrolero, no hacía otra cosa que gestionar sobornos.

El empresario Pedro Crespo, de Nolimit, dio a Fiscalía su versión sobre la corrupción, que data desde 2012, cuando funcionarios de Petroecuador exigieron el 14% del convenio que su empresa firmó por 35 millones de dólares para la provisión de sellos mecánicos y bombas centrífugas para la refinería de La Libertad. El trato se habría cerrado por cuatro millones. En enero de 2019 se habían reunido en una oficina en el sector de la Whymper, en Quito, Raúl de la Torre, José Luis de la Paz (personero de la compañía) y su socio Roberto Barrera, para tratar sobre otra entrega de coimas no en el Ecuador, sino fuera. Luego en mayo de 2019 en Miami, se habrían fijado montos y detalles de cuentas y transferencias. En esta ocasión De la Torre le pidió 30 mil dólares en efectivo y una tarjeta de crédito para comprar un reloj Rolex de 13 mil dólares, equipos tecnológicos y ropa por 10 mil. Los recibos de gastos fueron entregados a autoridades judiciales de Estados Unidos. De la Torre le había mencionado como beneficiarios de las coimas a José Augusto y un ex gerente de Petroecuador.

Embrollos de las investigaciones judiciales forman la tupida trama corrupta, con funcionarios públicos, empresarios e intermediarios financieros dedicados a despistar las coimas en bancos y paraísos fiscales. Un caso curioso es Néstor Medina, carpintero de 75 años, sordo, al que Andrés Luque le hizo firmar como gerente de su compañía Fraxianer S.A para captar cobros indebidos de los contratistas de Petroecuador. La empresa activa desde 2012 registra ingresos por 4.1 millones de dólares y es una de la docena en las que Luque es socio o representante legal.

Los datos de esta nota son apenas apuntes de casos corruptos del negocio petrolero, ligera muestra de registros recientes de delincuentes de cuello blanco con autoridad en la mesa chica de la confianza gubernamental. Millones de dólares sucios en las cuentas de José Agusto acaso no le habrían permitido, una vez arrastrado a prisión, soportar las punzadas de la conciencia: el 23 de mayo de 2021 apareció ahorcado en la cárcel que compartía con su hermano Adolfo, el Contralor Celi y Raúl de la Torre. ¿Se suicidó o fue silenciado para siempre?

 

 Un alto funcionario, ahorcado de cuello blanco

José Agusto Briones fue docente en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo y en 1917 se vinculó al gobierno de Rafael Correa, que llegaba a su fin, pero en junio de ese año pasó al Ministerio de Hidrocarburos como asesor del ministro Carlos Pérez. En mayo de 2018 con Lenín Moreno fue titular de la Secretaría de Planificación y pasó a integrar la llamada mesa chica de máxima confianza del gobierno, con Eduardo Jurado, Paúl Granda, Andrés Michelena y José Valencia, con voz y voto en los consejos sectoriales encargados de revisar, coordinar, armonizar y aprobar las políticas públicas.

En diciembre de 2018 el secretario general de la Presidencia, Luis Jurado, renunció tras un escándalo por cobros ilegales de una de sus empresas. Por los mismos días la vice presidenta María Alexandra Vicuña renunció también, acusada de similares cargos, cuando fue asambleísta.

Entonces Agusto siguió en ascenso dentro del gobierno y nombrado secretario general de la Presidencia, asumió responsabilidades que Lenín Moreno había asignado a la vicepresidenta, hasta que llegó a la segunda magistratura Otto Sonnenholzner. En noviembre de ese año renunció el ministro de Energía Carlos Pérez y le remplazó Agusto.

Cuando el 13 de abril José Agusto fue a prisión involucrado en los negocios ilícitos del petróleo, el presidente Moreno deslindó su responsabilidad afirmando que “nadie viene con un rótulo de corrupto en la frente”. Cuarenta días después, domingo 23 de mayo, apareció ahorcado en la celda presidiaria.

 

Celi: subrogante hasta en la corrupción

El contralor Pablo Celi tiene una accidentada carrera política desde el retorno del Ecuador a la vida Constitucional. En 1978 era militante del Partido Comunista, del que se separó cuando se dividió la cúpula política y se integró al movimiento Liberación Nacional, que en 1996 apoyó al gobierno de Abdalá Bucaram, cuya ministra de Educación Sandra Correa, le nombró subsecretario. Ella renunció involucrada en negocios del caso mochila escolar.

Celi fue también docente en la Academia de Guerra de las Fuerzas Armadas, cuyo alumno Lucio Gutiérrez, al llegar a la Presidencia, le nombró asesor desde la Secretaría de Planificación. Entonces conoció a Carlos Pólit, secretario de la Presidencia que luego pasó a dirigir la Contraloría, propuesto por el mandatario.

Cuando en 2017 el contralor Pólit fugó a los Estados Unidos implicado en actos de corrupción, Celi fue el sub contralor que lo remplazó, como encargado, en un escandaloso incidente porque Sabett Chamoun, funcionaria de la entidad, intentó asumir la Contraloría con una acción de personal de Pólit al momento mismo de huir del país, documento que Celi lo rompió en forma pública.

Celi fue Contralor subrogante hasta el 23 de abril, cuando cayó preso por orden de la Fiscalía, por sospechas de corrupción. La Contraloría ha venido a menos, cuyo titular sentenciado a prisión está prófugo, y cuyo subrogante guarda prisión, mientras actúa una subrogante de otro subrogante…

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