En vísperas de circular AVANCE de octubre €“siempre sale el 1 de cada mes- se produjo la revuelta policial contra el Presidente Rafael Correa, con el saldo trágico y político de dominio público, tema que mantiene secuelas y controversias. Lo dramático del suceso ha pasado, pero es necesario que en el registro periodístico de la revista conste el material que se inserta en estas páginas, como testimonio histórico hacia el futuro. En aquella edición apenas hubo tiempo y espacio para colocar una foto con titular en la portada y una pequeña nota en interiores.

La sorpresiva €“o cautelosamente planificada- insubordinación policial, sin precedentes, produjo una conmoción nacional y colocó en vilo la vigencia democrática y aún la vida del Presidente de la República: testimonios de sistemas de comunicación policiales probaron que hubo quienes querían asesinarlo.


La gravedad del episodio trasciende el debate político sobre si fue secuestrado el Presidente, si hubo intención de asesinarlo o si fue un intento de golpe de Estado. Medios de comunicación influyentes han minimizado la magnitud del hecho y hasta han secundado las versiones sobre la "imprudencia" del Presidente Correa de enfrentar personalmente en el Regimiento Quito a los policías amotinados, desafiándolos.


Una apreciación desapasionada no puede menos que rechazar el procedimiento policial €“que tuvo una pequeña adhesión de elementos militares-, supuestamente por reclamos económicos, que resultaron desinformaciones sobre el reordenamiento salarial inclusive con beneficios mayores al reclamo.


El pueblo ecuatoriano y audiencias del exterior presenciaron atónitos y casi incrédulos la transmisión de TV en vivo y en directo del rescate del Presidente de la República desde el hospital policial donde estuvo retenido, con un operativo entre balas y gases lacrimógenos, para dejar un saldo de al menos cinco fallecidos.


El análisis al margen de la pasión de unos y otros €“la versión oficial que asegura el intento de golpe y el magnicidio, y la adversaria que niega esas apreciaciones-, no puede menos que conducir a la afirmación de que es intrascendente si desde el punto de vista legal o gramatical hubo o no tales ingredientes: lo que estaba en juego era la democracia y la vida del mandatario. Resulta secundario determinar si semánticamente retener contra su voluntad al Presidente fue o no un "secuestro" y si poner en riesgo la estabilidad democrática sea un intento de "golpe".


También hay polémica sobre la orden oficial de que los canales privados hicieran cadena con la televisión pública. Ya un mes se discute y protesta por el   "atentado a la libertad de expresión". Hay medios que protestaron porque no se haya cumplido la disposición de pedir con 48 horas de anticipación esos enlaces. ¿Se debía entonces adivinar todo lo que iba a ocurrir?

El pueblo salió a las calles para apoyar al Presidente.

Numerosos policías considerados cabecillas de la revuelta están procesados y en prisión (también hay civiles procesados), otro tema que motiva controversias, pues hay quienes los consideran inocentes y otros que demandan la amnistía. La posición del Presidente es que no habrá perdón ni olvido, sino severas sanciones.


Las secuelas perduran y el tema tiene visos de prolongarse en lo judicial y político. No obstante, preciso es que empiecen a aprovecharse las lecciones a las que conducen hechos de esta naturaleza, para que en el futuro haya prudencia en el ejercicio del poder presidencial; que se dé información oportuna y adecuada a los sectores sociales en los que los actores políticos pueden influir con versiones erradas o falsas; que se eviten órdenes en el campo comunicativo que puedan percibirse como abusos de autoridad; y que se realicen sobre tales hechos investigaciones sustentadas y seguras, para que el peso de la ley recaiga con justicia sobre quienes realmente sean responsables y no se incurra en errores, peor persecuciones. El movimiento Sociedad Patriótica, liderado por los hermanos Lucio y Gilmar Gutiérrez, está en la mira del Gobierno como promotor de la insubordinación. La acusación les ha traído réditos políticos en las curvas estadísticas de los encuestadores.


También a la distancia del tiempo, que proyecta ángulos de observación apropiados, vale preguntar: ¿Qué habría ganado el Ecuador de consumarse un golpe de Estado o si se asesinaba al Presidente de la República? Probablemente una pesca política a río revuelto, de impredecibles consecuencias.

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