Desde que se anunció el proyecto de Ley de Comunicación, surgió una contienda entre el gobierno y los medios “independientes”, reacios a aceptar regulaciones sobre sus tareas y responsabilidades. Pocas veces una iniciativa de interés colectivo ocupó tanto tiempo y espacio en la prensa, radio y televisión, como no podía ser de otra manera, al estar involucrado, precisamente, este sector, en la situación.
Ya está vigente la Ley. El Presidente la sancionó rápidamente pese a la controversia que sobrepasó los linderos del país y del Continente. El poder de la prensa no tiene fronteras y más o menos los mismos intereses están detrás de los sectores internacionales de la comunicación. Pero la vigencia no implica que, al correr de su aplicación, se revisaran aspectos para mejorar el sector, robustecer la libertad de expresión, democratizar la información y el pensamiento. Lo correcto, necesario y conveniente, es que los medios tengan garantías para su ejercicio y cumplan su rol profesional con libertad y responsabilidad.
El debate de antes de la aprobación de la Ley y de ahora, está marcado aún por discordancias extremas que deben superarse: entre una ley absolutamente perfecta para satisfacer a todos y la que se ha dicho ley mordaza, es preciso encontrar equilibrios razonables en un ambiente de sensatez y ponderación, sobre la base de las buenas intenciones. No se puede perder el punto de vista del derecho del pueblo a la información y la necesidad de que la comunicación social cumpla de la mejor manera su obligación de informar y de orientar a la población.