Marcha del 19 de julio de 2019, presidida por el Alcalde de Cuenca.

La inseguridad es tema recurrente que motiva manifestaciones públicas de reclamo y protesta que se agotan el mismo día. Son espectáculo pasajero minimizado oficialmente por gobiernos de antes y de ahora

   El 19 de julio salieron a las calles miles de personas, encabezadas por el Alcalde de Cuenca, para pedir medidas eficaces contra los robos, asesinatos, violencia y miedo que cunde en calles, barrios, domicilios y sitios públicos y privados.

El 15 de diciembre de 2009 y el 11 de febrero de 2011 hubo actos similares, las llamadas Marchas Blancas, promovidas por la Universidad de Cuenca la primera y la Cámara de Comercio y organizaciones sociales la otra. Ahora-como ayer-el gobierno dijo que Cuenca es una de las ciudades más seguras del Ecuador.

Alguna diferencia de Cuenca de entonces y ahora vale tener presente. Desde hace cuatro años funciona el complejo carcelario de Turi, Centro de Rehabilitación Social, polo de atracción delincuencial que aglutina a los más representativos reos nacionales y extranjeros, cuyos familiares, amigos, cómplices y relacionados se han radicado en el medio. Desde 2009 la Policía recibió equipamientos, vehículos y sistemas de comunicación para mejorar sus actividades, pero los resultados son deficientes. El helicóptero entregado con bulliciosa publicidad a Cuenca, hace tiempo dejó de vigilarla desde el aire. Ahora, por añadidura, Cuenca aloja a miles de extranjeros cuyos antecedentes policiales en general se ignoran.

En la última década anda sobre el mismo terreno la seguridad en Cuenca y vale reproducir el texto periodístico alusivo al tema, de la edición No. 232 de AVANCE, en marzo de 2011, cien ediciones atrás, tan vigente como hoy:

“A la expansión urbana y el incremento poblacional no han correspondido gestiones de planificación proporcionales a la nueva realidad de una ciudad que atrae, junto con inversionistas productivos, a elementos que “complementan” el desarrollo local con acciones delictivas cada vez más especializadas.

Los organismos de seguridad creados o fortalecidos como respuesta a este conflicto social, caminan pasos atrás de las acciones delictivas. Los proyectos de escritorio y mesas redondas para debatir teorías sobre la materia van resultando estériles, mientras avanzan a pasos de carrera los infractores de la ley, los asaltantes, ladrones y criminales, por las calles y domicilios.

Las “marchas blancas” que promueven sectores públicos o particulares para denunciar este flagelo social no pasan del espectáculo multitudinario y momentáneo. El 15 de diciembre de 2009 la Universidad de Cuenca promovió una de ellas cuando la ciudad, como ahora, era víctima indefensa del accionar del hampa. Al paso de miles de jóvenes y adultos protestando en las calles, se iban cerrando las tiendas y negocios ante el temor de que entre los participantes estuviesen ladrones que suelen aprovechar de la distracción para cometer sus fechorías.

Algo similar se dio en febrero, luego que el día 11, el Vicepresidente de la Cámara de Comercio, Fausto Malo Heredia, fuera abatido por delincuentes que violentaron las seguridades para asesinarlo a tiros en el interior de su domicilio. En esta marcha no estuvieron las autoridades, pues más bien fue contra ellas la manifestación de reclamo por la ineficaz gestión de la Policía, del Consejo de Seguridad y de cada uno de los organismos que le integran.

Son marchas en el propio terreno. Con ellas no se logra ahuyentar a los delincuentes, quienes parecería han logrado hacerse temer y respetar hasta en el trato. Son frecuentes los casos de asaltantes o criminales sorprendidos en delito a quienes los medios de comunicación, los jueces, policías y hasta las víctimas o sus familiares, califican de “supuestos” autores, pues los organismos defensores de los derechos humanos parecen atribuirlos una “supuesta” inocencia hasta que fueran condenados, si alcanzan alguna vez a serlo.

El Gobierno de la “revolución ciudadana” ha dotado de vehículos y equipos de trabajo a la Policía del país, particularmente a la de Cuenca y la región, para que mejorara su gestión de proteger a la sociedad. Pero los resultados no guardan relación con lo que ocurre en la realidad cotidiana en materia de inseguridad. ¿Qué se ha logrado –por ejemplo- en seguridad ciudadana, desde que en diciembre de 2009 el Presidente de la República entregara con pomposa ostentación un helicóptero a la policía de Cuenca? Los ladrones vuelan más rápido que ese artefacto aeronáutico.

En control de la seguridad es urgente pasar del dicho al hecho. Menos sesiones de trabajo y discusión de planes, para actuar en las calles protegiendo a los ciudadanos, a la sociedad, a los dueños de negocios, a los transeúntes, a las amas de casa. Ya ha corrido demasiada sangre y se han producido demasiadas pérdidas materiales a manos de la delincuencia “mejor” organizada que los organismos burocráticos de seguridad cuyos integrantes deberían empezar a avergonzarse de posar para los medios como en una irónica variante de las crónicas rojas de cada día.

Controlar los antecedentes de los “refugiados” o emigrantes de países vecinos que tienen puertas fronterizas abiertas, es un operativo urgente ante la inocultable realidad de encontrar involucrados en las acciones delictivas, a gente de esos orígenes, junto con prontuariados libres de culpa por no haber sido sentenciados a tiempo o por “generosidad” de los jueces”.