Palacio de Justicia, edificio patrimonial, sede de la Corte Provincial de Justicia del Azuay.

 La Dirección Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en 2018  recibió 219 causas contra funcionarios judiciales, 57 contra Abogados y 56 sobre régimen disciplinario de los peritos. Se han resuelto 268 y 64 están en trámite.

Pablo Valverde Orellana se graduó de Doctor en Jurisprudencia en 1991, en la Universidad de Cuenca, y desde hace un año, es Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Azuay.

En 1983 se enroló en la carrera judicial como ayudante 1 y en 25 años ascendió a secretario de juzgado, secretario de tribunal penal, juez civil de la niñez y adolescencia y de la sala civil provincial mercantil, antes de llegar a la posición actual. Es capacitador de la Escuela Judicial y profesor de Derecho Laboral y Derecho Procesal en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, desde hace tres años. Antes fue profesor de postgrados y docente en las universidades del Azuay y Andina Simón Bolívar.

Pablo Valverde Orellana, Presidente de la Corte

Se confiesa defensor de la carrera judicial y su meta es acercar la administración de justicia a la ciudadanía, para que el pueblo encuentre una actitud amigable en las instancias judiciales. Con este fin, promovió un espacio radial cada quince días, para difundir conocimientos y escuchar inquietudes del público.

La revista AVANCE le entrevistó sobre aspectos de actualidad vinculados al tema judicial. A continuación sus respuestas.

¿Influyó en la administración de justicia del Ecuador el gobierno de Rafael Correa en la década de vida nacional?
Muchos sectores de la sociedad civil reclaman haber sufrido persecución en la década anterior, sobre todo en casos emblemáticos como los 10 de Luluncoto, o los hechos vinculados al 30 S, por citar ejemplos. El Consejo de la Judicatura Transitorio organizó y trabajó en la Mesa por la Verdad y la Justicia, Perseguidos Políticos Nunca Más, lo que ha provocado que se presenten denuncias en la Fiscalía, contra Jueces y Fiscales por presunta actuación irregular en procesos judiciales. En el 2019 conoceremos el documento definitivo, sobre 247 casos depurados para el análisis, lo que permitirá tener objetividad y comentar con conocimiento.   

¿Qué podría reconocer como positivo y qué como negativo de esa década en el campo judicial?
Como positivo, a nivel nacional aumentó el número de juezas y jueces, acercándonos casi en todas las provincias a estándares internacionales, y se construyó unidades judiciales. Como negativo, algunas de esas construcciones, conforme el análisis que se realiza, no corresponderían a las necesidades poblaciones, por lo que la inversión de recursos debió ejecutarse de mejor forma y a nivel nacional. Como ejemplo, en nuestro cantón no existieron construcciones, ni tampoco inversión en tecnología y salas de audiencia que tanto se requieren, cuando tenemos un sistema por audiencias en todas las materias.

¿Si hubo injerencia política sobre la función judicial, cree que se la ha superado hoy?
Según las denuncias a las que me referí antes, hubo patrones de persecución política y se hostigó a través del sistema judicial. Los resultados de las investigaciones darán cuenta en forma objetiva de lo ocurrido; sin embargo, en Azuay no se ha denunciado la existencia de injerencia política. La independencia judicial interna y externa la debe defender en primer lugar el Juez o la Jueza. Si ocurre injerencia y el funcionario judicial cede a presiones, no merece ocupar tan altas responsabilidades, y necesitamos reflexionar en forma permanente el sistema de concursos, para asegurar que los seleccionados tengan la personalidad necesaria para enfrentar su trabajo, conforme la ciudadanía y un estado constitucional de derechos y justicia, exigen y demandan.

¿Qué cambios son visibles en la función judicial del país a raíz de la ausencia de Correa frente al gobierno?
El hecho de que no existan juicios paralelos y se juzgue la conducta de juezas y jueces en enlaces ciudadanos, sin conocimiento e información suficiente que permita dar juicios de valor, es una situación que ya no ocurre y denota una clara defensa de la independencia de poderes, la institucionalidad se refuerza, y todos cumplimos el rol que un sistema democrático nos exige: ser los pesos y contrapesos para tutelar derechos en forma eficaz. El cambio de posición del Consejo de la Judicatura, en el sentido que el error inexcusable para su procedencia requiere necesariamente un pronunciamiento de un órgano judicial, es una situación positiva que permite a las juezas y jueces trabajar sin las presiones de sumarios administrativos, posición que en el Azuay la defendimos siempre, incluso con pronunciamiento público del Pleno de la Corte Provincial en 2014.  

¿Y en Azuay, qué cambios son visibles?
Hemos venido cumpliendo nuestros derechos-deberes con responsabilidad, a pesar de que los ingresos económicos destinados a Azuay han sido escasos, frente a lo invertido en otras partes del país. La situación económica ahora se agravó, lo que dificulta contar con las herramientas que permitan ejecutar de mejor forma nuestro trabajo. Requerimos más jueces en el área civil, necesitamos en infraestructura física instalaciones que permitan que el usuario tenga mayor comodidad y el juez pueda ejecutar su trabajo sin interrupciones, para que el despacho sea el espacio cómodo para reflexionar y estudiar el derecho.  

Es común señalar como excepcional la pulcritud de la aplicación de la Justicia en el Azuay ¿Es tan cierto y seguro?
Por la Corte Provincial de Justicia del Azuay han pasado hombres y mujeres que honraron la oportunidad que les dio la vida de servir a la ciudadanía. Procuramos mantener aquel prestigio ganado a nivel nacional, que guarda estrecha relación con la formación que recibimos en las Universidades de nuestra región. La pulcritud ha tenido comentarios a nivel nacional y es reconocida, pero lo importante es saber que cada día tenemos que demostrar con hechos, que somos funcionarios públicos con alto sentido de responsabilidad, y que es nuestra prioridad servir al usuario como se merece.

¿Se justifica o no la existencia  del Consejo de la Judicatura,  y por qué?
Antes, la Corte Suprema y las Cortes Superiores en las provincias, se encargaban de toda la parte administrativa y disciplinaria, actividades que distraían lo principal de su función: administrar justicia. Por eso nacen los Consejos de la Judicatura, para ser los encargados de garantizar que las juezas y jueces cuenten con todos los elementos que les permita cumplir bien su trabajo.

¿Cómo debería ser la organización del nuevo Consejo de la Judicatura?
Casi en todos los países, la cuota que en muchos casos supera el 50% de sus miembros, deben ser de la Función Judicial, situación que la comparten Tribunales Supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La práctica ha demostrado que los judiciales conocemos la institución y podemos aportar para que las acciones del Consejo estén encaminadas a cumplir su rol, y ayude en forma efectiva a que las juezas y jueces cumplan el suyo. Ojalá el próximo Consejo de la Judicatura sea presidido por una Jueza cuencana (la Dra. María Rosa Merchán) que preside la terna enviada por la Corte Nacional, y lo integre también un académico como el doctor Jorge Moreno Yánez, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, que forma parte de la terna enviada por el ejecutivo.  

¿Cómo deberían ser las relaciones entre Corte de Justicia y Consejo de la Judicatura?
De completo respeto a las competencias que les corresponde a cada uno; coordinar acciones que permitan planificar y hacer realidad las necesidades de quienes laboran en lo jurisdiccional; privilegiar todo aquello que permita brindar un mejor servicio a la ciudadanía; reforzar acciones que permitan vincular la administración de justicia a la sociedad; impulsar conjuntamente la Escuela Judicial para que cumpla un rol protagónico en la formación de juezas y jueces, Escuela Judicial que tiene su sede en Cuenca, pero nunca se plasmó Es hora de hacer realidad lo que se decidió al respecto, debemos ser coherentes con las acciones que impulsamos.

¿Cuál la posición de la Corte Provincial frente a casos de jueces enjuiciados a causa de sus sentencias? ¿Cuántas causas están en trámite?
La Corte Provincial de Justicia del Azuay ha defendido y lo seguirá haciendo la independencia interna y externa de juezas y jueces, no solo porque conste garantizada constitucional y legalmente en nuestro ordenamiento jurídico, sino porque es parte de nuestra convicción como servidores públicos, que la entendemos como una garantía fundamental del ciudadano. Debemos procurar que todo el país respete estándares internacionales que dan cuenta, que una sentencia o decisión judicial sólo puede ser revisada a través de un recurso, y si existe lo que se denomina error inexcusable, que un órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto y canalice las investigaciones. Para lo otro, es decir, para faltas de conducta como con atrasos, ausencias, utilización de bienes para otros fines, o cualquier incorrección, está el régimen disciplinario.  

En la Dirección Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, en 2018 han ingresado, 219 causas contra funcionarios judiciales, 57 contra abogados y 56 sobre régimen disciplinario de los peritos. Se han resuelto 268 y 64 están en trámite.

¿Qué ha logrado en el ejercicio de la Presidencia de la Corte a favor de Cuenca y del Azuay y qué tiene previsto para el resto de su función?
Canalizamos las necesidades del distrito en cuanto a juezas y jueces, personal jurisdiccional, infraestructura física; trabajamos en forma intensa para difundirla la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, realizamos acciones para una mejor prestación del servicio en esta materia. Éste es un tema de salud pública y tutela de derechos en el que todos debemos poner nuestros esfuerzos para erradicar la violencia en todo espacio que se presente; propusimos al Consejo de la Judicatura, con informes motivados, la necesidad de cambiar el modelo de gestión en la conformación de Tribunales así como, regresar a la vacante judicial; organizamos charlas académicas sobre diversos temas de derecho, talleres sobre la Integridad y la Ética Judicial; hemos fortalecido el sistema de Juezas y Jueces de Paz en más parroquias de la provincia; integramos Mesas de Trabajo sobre diversos temas de Justicia, enlazándonos con otras instituciones y proponemos un trabajo común, que partiendo de la evaluación, permita ser claros en los puntos críticos del sistema, para alcanzar las metas que nos hemos propuesto; tenemos contacto permanente con la ciudadanía, damos respuesta a las inquietudes que nos llegan, comparecemos en forma permanente en los medios de comunicación, tenemos el programa radial “Hablemos de Justicia”, al que van juezas y jueces para contestar inquietudes ciudadanas, sin tratar casos en particular.

El próximo año nos reforzaremos, seguiremos en continuó dialogo con la Corte Nacional de Justicia. Su Presidenta, doctora Paulina Aguirre Suárez, ejecuta una gran labor; nos enlazaremos con más abogadas y abogados para fortalecer la capacitación, la academia debe estar en mayor diálogo jurídico con juezas y jueces.

La primera autoridad judicial en un día laborable en su despacho.