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| Fotografía captada el día del allanamiento a la fabrica clandestina |
El acusado apeló la resolución judicial condenatoria a cinco años de prisión, la destrucción de los productos adulterados y la entrega de maquinarias y vehículos decomisados a la Agencia de Control Sanitario (ARCSA). Según la acusación la Ley al castigar con cinco años es demasiado leve ante la gravedad del ilícito que pone en riesgo la vida humana