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   El nuevo Consejo de la Judicatura, surgido de un proceso calificado de limpio, democrático y exento de aviesas “meteduras de mano”, no podría hacer más que una evaluación de los jueces y juezas, blindados ahora sí, según se invoca oportunamente, por el mandato constitucional y las leyes respectivas, que no le permitirían ir más allá de unas evaluaciones sin consecuencia

La célebre “metida de mano a la Justicia”, que se operó por una iniciativa nada feliz del ex presidente Correa, parece seguir inalterable. La mayoría de jueces que conocen causas de presunta corrupción, se muestran por lo general extrañamente remisos a la hora de tramitar esas escandalosas causas que, de acuerdo a los informes de Contraloría y otras instancias del estado, a más del constante escrutinio de los medios de comunicación, representaron miles de millones de dólares perjudicados al país, es decir a todos los ecuatorianos, pero especialmente a los más pobres.

Un refrán muy conocido dice que “La Justicia tarda pero llega”. En la situación del Ecuador más bien cabría decir que “La Justicia sigue con la mano metida encima de ella”. No se explica de otra forma que por un sindicado por delitos de corrupción que se halla tras las rejas, existan nueve que gozan de la más completa libertad, tanto en el exterior, porque fugaron fácilmente ante la distracción de los órganos de justicia que dictaron las famosas “medidas sustitutivas” como presentarse cada semana ante el juzgado para comprobar que no han cruzado los límites del territorio patrio, o llevar en un tobillo un ejemplar del tan desprestigiado “grillete electrónico”, que más bien parecería un adorno, puesto que no detectó nada mientras algunos de sus usuarios fugaban al estilo de los pillos vivísimos de las tiras cómicas frente a los tontos agentes judiciales.

¿Tontería de los operadores de justicia? Creemos que no, sino que los lazos de la solidaridad política, que en estos casos se vuelven complicidad pura y simple con los acusados por delitos de corrupción, siguen surtiendo efecto. No en balde, cabe recordar, los actuales jueces deben sus cargos a esos cuestionados concursos donde ya había unos ganadores predeterminados y los concursos eran un simple formulismo, un “sketch” de teatro destinado a guardar las apariencias, o como se dice en el lenguaje jurídico, “las solemnidades” del caso.

Lo peor es que el nuevo Consejo de la Judicatura, surgido de un proceso calificado de limpio, democrático y exento de aviesas “meteduras de mano”, al parecer no podría hacer más que una evaluación formal de los jueces y juezas, blindados ahora sí, según se invoca oportunamente, por el mandato constitucional y las leyes respectivas, que no permitirían a  este Consejo de la Judicatura ir más allá de unas evaluaciones sin consecuencia.

Esta invocación a la constitucionalidad por aquel mismo aparato judicial que permaneció sumiso y sometido al Consejo de la Judicatura del Correato, y que permitió que varios de sus colegas jueces fueran cesados por no someterse a los dictados del Ejecutivo de entonces, parece un ejercicio de cinismo.

Una depuración a fondo de la Función Judicial sería necesaria, a la vista de que ésta más bien parece seguir pensando en sus nexos con gentes del gobierno de Correa que en administrar de manera imparcial, proba y efectiva la justicia, mientras el Ecuador, escandalizado continuamente por las denuncia sobre graves y cuantiosos delitos de corrupción, espera que al fin se haga justicia. Es que si la Función Judicial no actúa moral y responsablemente, de poco o nada servirán la nueva Secretaría Anticorrupción ni la Comisión Internacional para investigar los casos de corrupción en el Ecuador. Así de simple.