Cuando un juez dictaminó en favor del maestro reclamante, obtuvo una pública reprimenda de un empleado palaciego que no era juez ni conjuez ni fiscal, sino empleado del gobierno. El júpiter criollo anunció que quien había dictado aquel fallo ya fue retirado de sus funciones   

Atendiendo al persistente reclamo de los profesores jubilados en los años 2008, 2009 y 2010, el Estado ha reconocido su derecho al cobro integral de la bonificación establecida en el Art. 8 del Mandato Constituyente No. 2, publicado en el Registro Oficial No. 261 (enero, 2008).    Por ejemplo, quienes se jubilaron en 2009 podían recibir, según el número de aportaciones, un valor de hasta 45.780 dólares, puesto que el salario mínimo a esa fecha era de 218 dólares. De modo que fue inconstitucional la bonificación de 12.000 dólares entregada a los maestros que se acogieron al retiro voluntario en las fechas señaladas. tendiendo al persistente reclamo de los profesores jubilados en los años 2008, 2009 y 2010, el Estado ha reconocido su derecho al cobro integral de la bonificación establecida en el Art. 8 del Mandato Constituyente No. 2, publicado en el Registro Oficial No. 261 (enero, 2008). El pago debía corresponder a 7 salarios básicos del trabajador privado por cada año de servicio, hasta un monto máximo de 210 salarios. Por ejemplo, quienes se jubilaron en 2009 podían recibir, según el número de aportaciones, un valor de hasta 45.780 dólares, puesto que el salario mínimo a esa fecha era de 218 dólares. De modo que fue inconstitucional la bonificación de 12.000 dólares entregada a los maestros que se acogieron al retiro voluntario en las fechas señaladas. 

Pero vivía su momento de efímero esplendor la revolución ciudadana. Cuando su proyecto autocrático empezó a ser cuestionado por las organizaciones clasistas, entre ellas la del magisterio, sobrevinieron las arbitrariedades. Estrenó su discurso combativo el despotismo iletrado echando a volar generalizaciones burdas a fin de conseguir la desacreditación social del magisterio, en medio del fervor delirante de los correligionarios y la mirada impávida –mejor dicho, estrábica- de la comunidad. A los profesores se les estigmatizó con el innoble calificativo de mediocres. Mil veces repetida, la generalización cobró matices de verdad, en el mejor estilo del doctor Goebbels. Era la estrategia adecuada para que pasara inadvertido el desconocimiento de la bonificación integral.

Los perjudicados no tardaron en reaccionar y presentaron acciones de protección a sus derechos constitucionales, claramente vulnerados. Se “aperturaron” –verbo abogadil-  procesos legales que nunca prosperaron. Presumiendo la existencia de un Estado de derecho, la ocasión era propicia para que profesionales del ramo se disputaran el patrocinio de las demandas, previo el anticipo de rigor en las celebraciones contractuales.  Los resultados se pintaban tan promisorios que muchos demandantes se obligaron a entregar determinado porcentaje del monto recaudado, así no fuere por la acción del abogado.      

Pero vanas resultaron las ilusiones, ya que no era posible luchar contra la decisión autoritaria del régimen. Cuando algún juez dictaminó, en uno de aquellos procesos, en favor del maestro reclamante, lo que obtuvo fue una pública reprimenda por parte de un empleado palaciego que no era juez ni conjuez ni fiscal, sino empleado del gobierno. Prevalido de autoridad, el júpiter criollo anunció que quien había dictado aquel fallo favorable ya fue retirado de sus funciones, y amenazó con la cancelación inmediata a todo juez que lo imitare. Debe andar por allí la imagen prepotente y repulsiva de quien ahora guarda prisión domiciliaria cargado de grilletes, palabra que parece creada para rimar con billetes.     

Pero hubo alguien más. Sin tomar en cuenta que la Constitución es la norma suprema del Estado y que su jerarquía es superior a cualquier otra norma de orden jurídico, al cabo de mucho tiempo se dictó la ley que reguló la disposición sobre las bonificaciones, negando tal derecho a los jubilados de 2008, 2009 y 2010. Apoyado en esta nueva arbitrariedad, otro alto responsable del quebrantamiento legal esgrimió el argumento miserable de que la ley no puede tener efecto retroactivo, y dejó legalmente encubierta y sacralizada la violación constitucional.   

Confiados en la buena fe del actual jefe de Estado, que no se cansa en declarar un constante y entrañable amor a los viejitos, miles de profesores jubilados alimentan la esperanza de pago, aunque se les vea correr de arriba abajo, no apremiados por una necesidad biológica, sino por absurdas exigencias burocráticas que hacen recordar más a Sísifo que a Prometeo: abultar carpetas de colores con datos que constan en el sistema, obtener antiguos certificados bancarios, hacer colas de tres y cuatro horas en las notarías para prestar juramentos sobre asuntos obtenibles del sistema. Si algún día logran cobrar sus bonificaciones, quiera Dios que no deban acudir al IESS por un préstamo para cubrir las obligaciones contraídas con los abogados. Entre tanto, lo que afirmaba Leoncini de los jóvenes, al iniciar el diálogo con el ya moribundo Bauman, podría aplicarse a los viejitos en su papel de moda: ser también la fotografía de los tiempos que cambian.