Podría ser el último censo nacional, pues los sistemas informáticos actualizan diariamente las estadísticas sobre la población, vivienda y otras características demográficas y de las condiciones de vida

La población ecuatoriana se habría sextuplicado en los últimos setenta años. En 1950, el primer censo nacional contabilizó 3´202.757 habitantes: 40,54% en la costa; 50,75% en la sierra; 1,67% en el oriente y 0,05% en las islas Galápagos.

El 29 de noviembre de 2020 será el séptimo censo de población y el sexto de vivienda, proyectándose que para entonces la cifra de los ecuatorianos bordearía los 17.5 millones de habitantes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) organiza el evento. En Cuenca funciona la Coordinación Zonal 6 y 7 del INEC, con jurisdicción en las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Morona, Zamora y El Oro, cuyo titular es José Ayala. La entidad inició la actualización cartográfica, procedimiento básico para las etapas posteriores.

La historia de los censos en el actual Ecuador viene desde la época de la Audiencia de Quito. En Cuenca, el primer Gobernador del Azuay, Antonio de Vallejo, lo realizó entre los años 1778 y 1779, más que para conocer la cifra poblacional, para imponer tributos a favor de la corona española. Aquel censo dio como resultado que Cuenca tenía 18.660 habitantes y 80 mil la jurisdicción hoy compuesta por las provincias de Azuay y Cañar.

El objetivo censal de hoy es el de conocer la realidad de la población ecuatoriana, sus condiciones de economía, salud, vivienda, tenencia de la tierra, etc. y disponer de elementos básicos para planificar obras y servicios en el territorio. No obstante, los datos estadísticos con frecuencia evaden los organismos estatales, cuya gestión se sustenta más que en el conocimiento de la realidad nacional, en consideraciones de interés político.

Es probable que el Censo de 2020 sea el último en el Ecuador, pues debido a los avances tecnológicos y los sistemas informáticos, día a día es posible disponer de información actualizada, frente a la de los censos de cada década. El Registro Civil y el sistema financiero privado –a más de otros entes oficiales o particulares- están enterados de la gente que diariamente viene al mundo o muere y de sus condiciones de vida y defunción.

El Censo este año estará a cargo de más de 500 mil estudiantes de bachillerato para recoger los datos. A ellos antes se los llamada empadronadores y ahora según la última terminología oficial del INEC, son los Censitas.

 

LA TRAGEDIA DE CHICÁN

 Francisca, víctima del abuso policial de 1974, en noviembre de 2010, censada en su domicilio. Murió en noviembre de 2018.

En octubre de 1974 el Censo Agropecuario en el Azuay –de población fue el 8 de junio- ocasionó un episodio entre trágico y criminal: en la parroquia Chicán, de Paute, los campesinos persiguieron a los censadores y a los policías, creyendo que el censo era para despojarlos de sus tierras y ganados.

Un campaña política de la derecha conservadora había promovido reacciones violentas contra el comunismo, con ataques de fanatizados e ignaros campesinos alentados inclusive por curas párrocos. En San Cristóbal, Santa Ana y Molleturo ocurrieron los hechos sangrantes más graves, con muertos y heridos.

El 23 de octubre de 1974 los censadores proyectaron una película en un telón improvisado en la plaza de Chicán y pocos ciudadanos aceptaron presenciarla. Era la propaganda censal.

Terminada la presentación, el vecindario atacó a los tres censadores y a los dos policías con piedras, chicotes y herramientas de labranza. Ellos huyeron en dirección al río Paute, rodando por las pendientes. No tenían escapatoria: atrás la multitud embravecida y adelante el río crecido por las lluvias, que solo dos lograron cruzarlo hasta la orilla opuesta.

La Policía hizo operativos para capturar indiscriminadamente a los campesinos y más de dos docenas de hombres y mujeres fueron a parar en los calabozos de Cuenca, donde sufrieron torturas. El caso más grave fue el de Francisca Granda, con varias semanas de embarazo, quien armada “con un chicote para arrear los perros” –declaró-, se sumó a la persecución. Cuando nueve días después fueron recuperados los cadáveres de los policías Heriberto Jaramillo y Luis Peñafiel, y del enumerador José Rodríguez Aguilar, cuyos cuerpos aparecieron a la altura de Guachapala, elementos del Servicio de Investigación Criminal descargaron en ella la venganza, haciéndola abortar a puntapiés en la prisión.

El parte policial del Servicio de Investigación Criminal (SIC) enviado al comandante de la policía del Azuay el 26 de octubre, apuntaba: “Por las investigación realizadas se tiene como conclusión que este hecho fue una reacción colectiva de la población, ya que su pensamiento fue que les quitarían sus tierras y ganado, pensamiento que había cruzado por sus mentes por falta de instrucción, ya que la mayoría de la gente de Chicán son analfabetos”. Y reforzó su informe con las declaraciones de 26 involucrados en la revuelta.

Un largo proceso judicial siguió al caso, hasta que todos los campesinos fueron absueltos de culpa. Su abogado defensor, José Cordero Acosta, probó su inocencia, sustentada en que la intención no fue causar la muerte a los empleados del censo y a los policías, además de que estaban convencidos de defender sus propiedades supuestamente en riesgo de perderlas y, sobre todo, porque las declaraciones fueron tomadas bajo torturas inhumanas para obligarles a confesarse culpables.

Más de 45 años han pasado desde entonces. Francisca Granda, nonagenaria, seguramente no ha podido olvidar aquel sufrimiento. Pero Chicán – entonces un campo sin carretera de acceso-, es una floreciente parroquia del cantón Paute, a cuyo clima tibio han surgido bellas quintas vacacionales y es una villa dotada de modernos equipamientos, locales comerciales y condiciones sanitarias saludables. El pasado quedó atrás y la juventud ignora ese episodio que, de alguna manera, es un referente que se inscribe en la historia censal del Ecuador.