El primer contralor de la actual etapa constitucional, Hugo Ordóñez, dejó un testimonio espeluznante sobre este fenómeno, que conserva actualidad casi medio siglo después. Las dictaduras precedentes y la irrupción petrolera deterioraron la moral privada y pública que no dejan de golpear en la vida del país
Un referente ilustrativo es la Contraloría del Estado: “Donde se pone el dedo salta pus” dijo Hugo Ordóñez Espinosa de la administración pública al iniciar la función de primer Contralor el inicio del orden constitucional hace 47 años. Hoy, vergonzosamente, los ex contralores Carlos Pólit (2007-2017) y Pablo Celi (2017-2021) están condenados por corrupción. Desde el 28 de noviembre de 2023 ejerce el cargo Xavier Torres, escogido por concurso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Recuperará la crisis moral de la Contraloría? El tiempo lo dirá.
El contralor Carlos Pólit, de la década correísta, símbolo de la extrema corrupción institucional en el ejercicio del cargo. Está entre el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y el presidente Rafael Correa, quien lo calificó de “contralor de lujo”.
Para comparar el papel de la Contraloría al comienzo del período democrático y en el presente, vale reproducir fragmentos del informe del Contralor Ordóñez el 11 de agosto de 1980, sobre el primer año de su función, que entregó al presidente Jaime Roldós, al presidente de la Cámara de Representantes Raúl Baca Carbo y al presidente de la Corte Suprema de Justicia Armando Pareja Andrade. Mucho de lo negativo que allí consta no ha mejorado y sigue con mayor intensidad. Las opiniones del Contralor Ordóñez denunciaron espeluznantes inmoralidades que casi medio siglo después mantienen actualidad en el sector público.
“Me tocó asumir la Contraloría General del Estado en los días iniciales del régimen democrático y constitucional que se instauró al cabo de más de nueve años de dictadura. Uno de los campos en que se sintieron con más fuerza los efectos negativos de los regímenes de facto en la vida nacional, fue el de Control. Cuando desaparece el Parlamento, se avasalla a la Función Judicial, y se convierte en ley de la República la omnímoda voluntad de los dictadores, la actividad de control se ve enervada, y hasta desaparece por completo si así interesa a los dictadores y a quienes medran a su amparo. De otra parte, el largo y oscuro paréntesis dictatorial que el Ecuador padeció entre 1970 y 1979, fue simultáneo con la iniciación y desarrollo del período petrolero, que produjo súbitos y hondos cambios en la vida económica y social del país, y a la vez erosionó profundamente la moral pública…”
“Dentro de la gravísima crisis moral producida por la dictadura y el petrolerismo, los valores éticos parecían haberse extinguido. Y el proceso de desarrollo -cabe recordarlo- dentro de un cuadro de profunda indiferencia ciudadana frente al quehacer político y administrativo, y frente al espectáculo de esa descomposición -espectáculo en parte visto y en parte presentido -. En este ambiente de anestesia moral y cívica florecieron el hedonismo, el oportunismo, el afán de la ganancia fácil y el lucro desmedido, la voracidad económica, y el cinismo que predica que la vida del hombre no tiene más fin que el del enriquecimiento, y que por lo tanto hay que enriquecerse por cualquier medio, ‘aunque sea honradamente’, y mientras más rápido mejor.
“Es doloroso señalar aquí que el proceso de corrupción administrativa no ha cesado con el advenimiento del régimen constitucional y democrático, dentro del cual se han producido en el país nuevos y escandalosos casos de inmoralidad de funcionarios y empleados; de defraudaciones, peculados y contrabandos. Dentro de esto, el hecho positivo en la situación actual, es que ni el gobierno ni los órganos de control -al menos en los más altos niveles- han guardado silencio ni han socapado esas inmoralidades y delitos; por el contrario, han puesto en acción, para frenarlos y castigarlos, los mecanismos previstos en la ley…”
“Con harta y lamentable frecuencia ocurre que la desarticulación administrativa actúa como un elemento paralizador y frustrante de la acción de la Contraloría. Así, emitidas las glosas por la Contraloría, el organismo competente para expedir los títulos de crédito no los expide; o los expide, pero entonces el órgano legalmente capaz de recaudarlos no los recauda. El hecho real es que un porcentaje mínimo de las glosas formuladas llega a hacerse efectivo. El caso de las sanciones administrativas determinadas por la Contraloría y que no se hacen efectivas, es menos frecuente, pero también se da. Al tratarse de las multas, se repite lo de las glosas: impuestas, son muchas las que al fin no se recaudan, Y en cuanto a las destituciones, por una u otra causa no son raras las que quedan sin cumplirse. Pero donde llega la frustración de la acción contralora a su peor extremo es en las responsabilidades penales. Muchas veces la justicia en el país lamentablemente se hace tarde o mal, y a menudo la administración de justicia es como una red que opera al revés: captura a los peces pequeños y deja en libertad a los peces grandes…”
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| Hugo Ordóñez Espinosa (Cuenca 1923, Quito 2020), contralor de inicios de la actual etapa democrática, modelo de honradez en el cumplimiento de sus responsabilidades. |
“El país ve que se descubren irregularidades, se identifican delitos contra los recursos públicos, e incluso se señala a los responsables; pero no tarda en comprobar que éstos, y mientras más poderosos con mayor frecuencia, pasean su impunidad por calles y plazas del país, o se encuentran en el exterior en el cómodo y tranquilo gozo de riquezas usurpadas al magro patrimonio del pueblo ecuatoriano. Y así, en muchos casos, la acción de la Contraloría, lejos de servir eficazmente para enderezar procedimientos, castigar a los culpables de atentados contra los dineros públicos, y fortalecer la estructura ética del país, se trastrueca en fuente -nunca pensada y jamás querida- de hondas decepciones y desalientos del pueblo ecuatoriano, que se hunde cada vez más en el escepticismo y cree cada vez menos en la acción de la Justicia.
“Constituye también un factor adverso a la acción de la Contraloría la ausencia de un espíritu público vigilante que permanentemente tome nota de los atentados contra el patrimonio público, y los condene. En lugar de ese espíritu, lo que predomina es más bien la indiferencia, el alzarse de hombros, como si la corrupción administrativa fuese ya un mal sin remedio, con el cual hay que resignarse a convivir. Peor todavía, mientras nadie excusa y todos condenan al campesino que hurta mieses en la sementera vecina, o el raterillo de mercado, muchos son los que tributan su amistad, sus consideraciones, y a veces su admiración, al que acumula millones en el contrabando, en la evasión tributaria, en el negociado con los fondos públicos, en el tráfico financiero internacional con el nombre y los caudales del Estado, en el saqueo de las arcas fiscales.
“Hay que tomar en cuenta que los coimeros, los defraudadores, los atracadores de recursos públicos, en fin, cuentan con medios de defensa que son tanto más poderosos cuanto mayor es el volumen de sus fechorías. Dentro de esos medios no suele faltar la ‘solidaridad’ que los interesados saben despertar y promover en organizaciones clasistas, en instituciones públicas y privadas, en círculos económicos y grupos políticos. A veces esa solidaridad está movida nada más que por la generosidad ingenua; en otras por la ligereza irresponsable; pero en otras lo está por la defensa de oscuros intereses comunes. En todos los casos, se orienta a desprestigiar al Órgano Contralor y a sus procedimientos, a poner en duda la idoneidad, a quitarle crédito a su labor. Y mientras más grandes son los atentados contra los recursos públicos que se investigan, más grandes y poderosas son las ‘solidaridades’ que se levantan para defenderlos. Investigar las grandes defraudaciones y los grandes peculados, perseguir a los responsables y castigarlos, es en el Ecuador tarea dificilísima, casi imposible”.
“Durante el período de este informe ha habido algunos reclamos, y a veces inclusive algunas protestas, por actos de la Contraloría General que determinados Cabildos y Consejos Provinciales han considerado como violatorios de su autonomía institucional. Sin descartar la posibilidad de que en alguna ocasión excepcional funcionarios del Órgano Contralor se hayan excedido en el ejercicio de sus atribuciones, he de señalar que ha sido objeto de mi especial y permanente cuidado el mantener la acción de la Institución dentro de los estrictos términos de la ley, respetando celosamente, por tanto, dentro de esos mismos términos, los fueros de los entes autónomos. Más todavía, la Contraloría ejerce, con suma discreción y cautela, en su acción en tales instituciones autónomas, las amplias atribuciones de control que le confiere la ley y que, debidamente entendidas, no se oponen a la autonomía de aquellos entes tal como la autonomía tiene que ser entendida dentro del Derecho Público Ecuatoriano, en el cual la autonomía no puede confundirse, en forma alguna, con soberanía”.
“Me place señalar, en honor a la verdad, que ninguna Función, órgano o dependencia estatal, ha tratado de influir en la conducta o en las decisiones de la Contraloría General del Estado, cuya autonomía ha sido, pues, irrestrictamente respetada por todos. Y es oportuno que exprese aquí la plena confianza que tengo de que igual conducta seguirá siendo observada en el futuro, lo cual es requisito indispensable para que el Órgano de Control continúe cumpliendo normalmente su misión”.
Penosamente, la continuidad honesta del control público, señalado en el último párrafo, no ha ocurrido. Dos ex contralores durante de gobierno del presidente Rafael Correa están condenados por beneficiarse con coimas y sobornos para no sancionar a empresas y empresarios corruptos, a cambio de recibir millonarias sumas de dinero ilícito.