Los ciudadanos afectados sufren penalidades comparables a los círculos infernales de la Divina Comedia, donde los que ingresan pierden sus esperanzas de encontrar la luz en el mundo oscuro del purgatorio. Los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos con la celeridad que las normas judiciales imponen
Es una justa aspiración de toda persona no verse involucrada en un proceso judicial, porque aquello implica invertir tiempo en solventar ese problema, recabar documentos y medios probatorios, destinar recursos económicos, perder horas de sueño por la preocupación, en definitiva, representa un desgaste emocional y físico que todos aspiran evitarlo.
Realizando un paralelismo con la Divina Comedia de Dante Alighieri se afirma que ambos representan un calvario, se compara a las etapas del proceso como los círculos del infierno, el ingreso a los juzgados equivale al letrero de la puerta: “Abandonad toda esperanza, los que entráis aquí”. Los abogados o el fiscal actúan como Virgilio, guían a la parte procesal o procesado por un mundo oscuro, lleno de tecnicismos y expresiones ajenas al ciudadano; el purgatorio estaría representado por los aplazamientos de audiencias, falta de cumplimiento de las órdenes judiciales, espera de la decisión, donde la virtud de la paciencia está a prueba en forma permanente; y promover recursos ante otras instancias, implicaría descender por círculos cada vez más complejos.
La Constitución garantiza que todos tienen derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción, entre otros principios, a la celeridad. Un proceso judicial se tiene que resolver dentro de los términos que manda la ley, ese es el plazo razonable que consideró el legislador. En cumplimiento del derecho a la seguridad jurídica, eso sería lo que espera y aspira, a la par, no está mal que todos tengamos un nivel de tolerancia que nos permita comprender y esperar un tiempo más del que nos anunciaron, sin embargo, cuando aquello ya sobrepasa todo nivel de indulgencia, la Administración de Justicia pierde la confianza ciudadana, mina la institucionalidad de todo un país a nivel nacional e internacional, lo que traerá responsabilidad estatal.
La objetividad no nos debe abandonar y para analizar si la respuesta judicial se la emitió dentro de un plazo razonable, debemos verificar la complejidad del caso, número de involucrados, pruebas actuadas, facilidades de acceso, actividad procesal de las partes, colaboraron o si su conducta estuvo dirigida a obstaculizar el normal desarrollo del proceso; y, si los jueces y juezas actuaron con la debida diligencia, situación en la que se debe considerar si existe el número de jueces que permita contrastando con la carga procesal, cumplir el plazo razonable previsto en la ley.
Para analizar cuántos jueces se requiere, debemos partir del número de causas que ingresan, a efectos de poder concluir si las podrán resolver en los tiempos previstos, teniendo en cuenta los factores a los que nos hemos referido. Esto en condiciones normales, pero si este escenario se agrava porque no se ha cumplido con el proceso normal que debe estar planificado, llenar las vacantes de los jueces que por diferentes motivos salen de la institución, entre ellos, jubilación, renuncia y destitución, es utópico esperar que un juez pueda resolver y atender otro despacho, porque desborda lo planificado, el retraso en todo lo asignado a él o ella será evidente, con todas las consecuencias, vulneración del derecho de acceso a la justicia, tardanza en la decisión, lo que impacta y afecta en la situación jurídica de la persona involucrada, por lo que, la deficiencia estructural provocada por la falta de jueces o saturación de los Tribunales, es atribuible en forma exclusiva al Estado.
Al Consejo de la Judicatura le corresponde definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. Hace casi dos meses, teniendo en cuenta la falta de jueces que existe en nuestro país, declaró la necesidad extraordinaria y emergente en todos los órganos jurisdiccionales y aprobó los procedimientos para la selección de servidores judiciales temporales. Se ha reconocido entonces que la ciudadanía está sufriendo un grave perjuicio, porque sus causas no están teniendo la respuesta oportuna que esperan; ahora es imperativo la materialización de todos los actos necesarios para materializar la solución. No cabe frente a esa gran dosis de paciencia, pedirles que “abandonen toda esperanza”.