Aquel domingo, hace más de 45 años, el Presidente abordó junto a su comitiva el avión Beechcraft, con destino a Macará para avanzar en helicóptero hasta Zapotillo. Se había programado allí un evento cívico, al que había comprometido la asistencia.
Según Cristóbal Espinosa, párroco de Celica, algunos pobladores vieron un avión envuelto en llamas, antes del impacto. Otros, oyeron disparos y luego la explosión. Eran las 16h03 del domingo 24 de mayo de 1981. Partes de la aeronave y de los cadáveres se regaron por el cerro Huairapungo, zona del desastre. El sitio fue acorralado de inmediato por una patrulla militar. Razones de seguridad impidieron el acceso; no se dejó pasar ni al comisario. Se admitió a los médicos a condición de solo identificar a las víctimas. Sin las autopsias de rigor, los cadáveres fueron trasladados el día siguiente a Machala y Quito.
Pocas desgracias suscitaron tanta conmoción. Uno de los muertos, el presidente Jaime Roldós, llevaba un año nueve meses en el poder. Dos días después de la tragedia, sus despojos fueron inhumados en el cementerio general de Guayaquil. Dentro y fuera de las fronteras patrias cundió la sospecha de un atentado criminal. Un informe apresurado de la FAE atribuyó la tragedia a un error de pilotaje, dudosa conclusión, dada la pericia del piloto, coronel Marco Andrade Buitrón, quien hizo un vuelo de reconocimiento de la ruta, seis días antes de la catástrofe. Llamó la atención la coincidencia del vuelo presidencial con la suspensión del servicio eléctrico en Macará, de 13h45 a 16h15.
Roldós había asumido el poder el 10 de agosto de 1979. Su primera promesa fue sancionar a los culpables de malos manejos y execrables acciones de las dictaduras que antecedieron a la restauración democrática. El anuncio fue aplaudido por la ciudadanía, pero puso en alerta a las cúpulas militares, generando rumores de conspiración. A pretexto de defender la integridad territorial, los militares presionaron sospechosamente para adquirir a Israel 18 aviones Kfir C2. El gobierno redujo la negociación a 12 aeronaves. Fue un factor que reavivó la presunción de un atentado.
Aquella alerta encajaba en la red internacional de vigilancia, represión y criminalidad, urdida por las dictaduras militares de la región para combatir al comunismo, en complicidad del dictador panameño Manuel Antonio Noriega. Consideraban subversiva toda corriente que proclamara libertad, democracia, defensa de los derechos humanos. Sus mandos militares resolvieron extremar la lucha contra la subversión marxista, con reparo de los representantes del Ecuador y del Perú. Del Ecuador, el general Marco Subía, ministro de defensa, estuvo entre las víctimas de Huairapungo. Del Perú, el general Rafael Hoyos Rubio murió en otro accidente aéreo, días después. No pasaron dos meses para que pereciera en una nueva tragedia aérea el jefe de gobierno panameño, general Omar Torrijos, crítico severo de la política estadounidense y de las dictaduras apoyadas por la CIA.
En aquel contexto, disonó la voz del presidente ecuatoriano. En 1980 reconoció al movimiento insurreccional de Nicaragua y sentó el principio de que la no intervención en asuntos internos de un país no se oponía a la defensa de los derechos humanos y a la condena de quienes los violaran. En 1981, firmó su propia sentencia, expulsando al Instituto Lingüístico de Verano.
Aquel domingo, hace más de 45 años, el Presidente abordó junto a su comitiva el avión Beechcraft, con destino a Macará para avanzar en helicóptero hasta Zapotillo. Se había programado allí un evento cívico, al que había comprometido la asistencia.
Pero horas antes del vuelo, presidió una ceremonia en el estadio olímpico Atahualpa. Condecoró a los héroes de Paquisha y pronunció un discusrso memorable sobre sus convicciones democráticas. Curiosamente, por orden superior, se retiraron de la escena los retratos del Presidente y su esposa.
Estos son algunos de los elementos de reflexión que ofrece el libro “El atentado contra el Presidente Jaime Roldós Aguilera”, de Víctor Granda Aguilar, editado por la Universidad Andina en mayo de 2026. En calidad de legislador, Granda presidió la Comisión Multipartidista que estableció el Congreso Nacional en 1992 con el fin de investigar sobre las circunstancias de la muerte de Roldós, puesto que hasta entonces se había ocultado deliberadamente la verdad para archivar el caso. Casi a medio siglo de la tragedia, las responsabilidades personales han prescrito, no así las de carácter moral, que son imprescriptibles, concluye el informe de la Comisión presidida por Víctor Granda Aguilar.